El desarrollo de una vacuna contra el Covid-19 se parece mucho a la carrera por llegar a la luna en los años 50. Así lo ve Ricardo Enrique Antequera, abogado especialista en propiedad intelectual y patentes internacionales, quien recuerda que desde el año 2004 no existen patentes sobre medicamentos en Venezuela, y desde el 2008 una ley prohíbe patentar especies farmacéuticas en el país.
Aunque la visión a corto plazo puede ser optimista, tomando en cuenta lo adelantado de las investigaciones para conseguir una vacuna contra el Covid-19, Venezuela, al igual que la mayoría de los países de la región, podría quedar relegada a los últimos lugares en la cola de la añorada vacunación, ya sea por la falta de una infraestructura tecnológica capaz producir el medicamento, como por el hecho de que, por política de Estado, nunca obtendría una patente para el mismo.
Al respecto, PRODUCTO consultó al abogado especialista en propiedad intelectual y patentes internacionales, Ricardo Enrique Antequera, quien recordó que en Venezuela no existen patentes sobre medicamentos desde el año 2004, y que desde el 2008 tenemos una ley que prohíbe patentar especies farmacéuticas. “No tenemos patentes en ninguna rama tecnológica. Es una política de Estado”, asegura.
De acuerdo con Antequera, Venezuela no solamente carece del parque industrial para poder producir la vacuna, sino que necesariamente tendría que importarla. “Además: ¿cómo la vamos a distribuir, cómo nos vamos a vacunar? Es un tema mucho más complejo”, dice el abogado, para quien la posibilidad de contar con el medicamento anti Covid-19 en el país estaría en manos de laOrganización Panamericana de la Salud (OPS) o la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Sin patentes no hay inversión
Para el especialista en patentes internacionales, en este momento el desarrollo de una vacuna desde que comienza la investigación hasta que llega al mercado, se parece mucho a la carrera por llegar a la luna en los años 50. Antes, el proceso podía durar entre 6 años y 10 años, pero ahora la emergencia sanitaria obliga a reducirlo a 6 o 12 meses. “Antes la pregunta era quién va a poner la banderita en la Luna. Ahora es cuál va a ser el país que va a decir ‘yo curé el Covid-19’”, dice Antequera. Por otra parte, se plantea un tema más complejo: ¿quién se va a vacunar primero? ¿Estados Unidos? ¿Unión Europea? ¿China? ¿Rusia?
Y es aquí donde entra en juego otro aspecto: el costo desde que se comienza a investigar un medicamento hasta que llega al consumidor final. Según el especialista, ese monto se encuentra entre 1000 y 2000 millones de dólares en estudios de biotecnología, y aproximadamente 80% de esos costos se lo lleva las fases pre clínicas y clínicas para poder demostrar la seguridad y eficacia del medicamento. “Normalmente estamos hablando de una fase de entre 6 y 10 años, dependiendo de la complejidad, pero se están aprobando protocolos de emergencia donde las autoridades sanitarias, en lugar de tomarse 6 años, se toman 2 o 3 meses”.
El verdadero reto de las farmacéuticas, según Antequera, está en unificar el interés de los Estados para que inviertan en sistemas de investigación y desarrollo y garantizar el acceso a los medicamentos a tiempo para todos los pacientes, respetando las condiciones propias de cada mercado. “Sin el sistema de patentes nadie invierte y sin inversión no tenemos soluciones técnicas a nuestros problemas, incluyendo las curas”, puntualiza. Por esta razón Gilead Sciences, la farmacéutica dueña de la patente de Remdesivir (medicamento ya utilizado en el tratamiento del Covid-19), anunció que había llegado a un acuerdo con 9 laboratorios de Egipto, Pakistán e India, para producir masivamente el Remdesivir y atender a 120 países menos desarrollados que lo necesitan. Es decir: la farmacéutica garantiza el acceso al medicamento en países del tercer mundo mediante una estructura de costos reducida, mientras negocia con mercados donde realmente existe un diferencial, como Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea.
Comenta Antequera que el Remdesivir tiene una oferta limitada de producción por encontrarse en el lapso de protección de patentes. Sólo Gilead Sciences, o un licenciatario de la farmacéutica, tiene la potestad de ofrecerlo. “El sistema de patentes es como cualquier otra propiedad. El hecho de la titularidad exclusiva sobre un medicamento no es distinto al de una casa. Pero eso no me da derecho de poner música a todo volumen. O poner una peluquería en una zona residencial. Todos los derechos a final de cuentas tienen limitaciones”, acota el abogado.
La cruda realidad
Explica el especialista que los Estados no sustituyen a los privados en el desarrollo farmacéutico. Comenta que en el caso de las “enfermedades huérfanas” o “enfermedades raras”, por ejemplo, que solo afectan a cerca del 1% de la población mundial, “ninguna empresa investiga porque no tiene mercado. A su vez, los Estados tampoco investigan para poder suplir a la empresa privada. Los Estados necesitan de la inversión de la empresa privada para la investigación y desarrollo”, advierte.
Aún así, Antequera se define como “optimista cauteloso” en cuanto a las promesas de las farmacéuticas de tener una vacuna contra el Covid-19 lista en tiempo récord. “Pfizer por ejemplo, dijo que empezaría a producir 300 millones de dosis en Octubre de 2020, y para el 2021 alrededor de 500 millones. Si es así, nos quedamos cortos con la cantidad necesaria a nivel mundial, porque los tres estudios que pasaron a la Fase 3, demostraron que se necesitan al menos dos dosis del medicamento. Considero que va a haber una actuación bastante ética y responsable de las farmacéuticas en cuanto a esto, pues muchas de estas instituciones están recibiendo fondos públicos para tal fin”, espera Antequera.
Latinoamericana en la cola
Para el especialista, Latinoamérica maneja lo peor de dos mundos pues aunque la mayoría de los países prevé un sistema universal de salud al que todos tendrían acceso, la realidad es que funciona de una forma muy deficiente. “En España, la gente se queja por la demora de hasta un mes para dar una cita y dos meses para una cirugía electiva , porque no es un regalo, lo están pagando con sus impuestos. En Estados Unidos una familia de tres personas, si no califica para el Obamacare -Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Accesible-, debe pagar 23 mil dólares al año, alrededor de 2000 dólares mensuales, por un seguro. Además paga 35% de sus ingresos en impuestos. En América Latina pagamos impuestos, seguridad social y también seguros privados”, recuerda Antequera. En consecuencia, para el abogado, la adquisición y colocación del medicamento en la región será bajo el esquema de una distribución central a través de compras gubernamentales de cada Estado, según lo requiera, a través de sus Ministerios de Salud.
Pero el especialista no abandona el optimismo: “Ojalá la empresa farmacéutica que logre la cura del virus, actúe responsablemente frente al mundo. Que genere las ganancias que necesite en los países que puedan pagarlo y que no prive al tercer mundo y a los países menos desarrollados del acceso al medicamento. Es decir, que se otorgue licencia en los países que tengan capacidad de producción”, acota.
Adicionalmente, recuerda Antequera, está el tema de las dosis: “¿Cuántas se pueden producir? Porque existe una incapacidad material de fabricar la vacuna en tiempo y en la cantidad de dosis que el mundo requiere para acabar con la pandemia. Ya no es sólo un tema de dinero sino de capacidad de producción”, puntualiza.
En el caso venezolano, dice el abogado, las condiciones no están dadas para producir la vacuna internamente. “Si AstraZeneca le otorgara una licencia a Venezuela para producirla: ¿quién lo haría? Ya no se trata de un tema de propiedad intelectual y de si pudiera estar protegido por una patente, sino de la existencia de un parque tecnológico para producir antivirales de última generación. Entonces, ¿cómo se podría producir?”, se pregunta el especialista.
“Al no tener patentes no hay estímulo para invertir en ciencia y tecnología”, subraya el abogado. Y esto, aunque no sea el único elemento para que una empresa trasnacional permanezca en Venezuela, sí se toma muy en cuenta. “Nunca estimulamos el parque tecnológico nacional para producir medicamentos de última generación. De hecho, nuestro arsenal terapéutico es muy limitado. La capacidad de producción de antivirales es inexistente, por lo que tenemos que importar los medicamentos desde países en los que sí están protegidas esas medicinas, así que se termina pagando igual un premium por una patente que nunca otorgamos en Venezuela”, asegura el abogado.
Para el especialista, lo mejor que puede pasarle a Venezuela es entrar en la distribución que haga la OMS o la OPS cuando compre el medicamento. “Al final de cuentas vamos a quedar en el esquema que apruebe la OPS. Estamos en manos del Ministerio de Salud. ¿Cómo nos vamos a vacunar? Ese es otro tema. Aunque las instrucciones por parte de la OMS y la OPS serán bastante precisas y uniformes, el esquema de vacunación que se utilizará forma parte de la voluntad del Estado”, finaliza Antequera.
Foto destacada: ᴘolina ᴛankilevitch
PUBLICADO: 10 de agosto de 2020