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Elecciones 2015, primer round

El 6 de diciembre se celebran los comicios parlamentarios en Venezuela, que renovarán los 167 diputados de la Asamblea Nacional: 113 por voto nominal y 51 por lista, más 3 de forma nominal por la representación indígena. En los últimos 15 años, el oficialismo ha sido la fuerza política mayoritaria en la Asamblea Nacional. En las elecciones de 2010, con una diferencia en votos menor a 1% entre el Partido Socialismo Unido de Venezuela (PSUV) y la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el chavismo obtuvo la mayoría simple, con 98 de los 165 escaños que se escogían para entonces.

Con base en sondeos de voto popular, realizados entre mayo y julio por cuatro encuestadoras nacionales (Datanalisis, Instituto Venezolano de Análisis de Datos, Hercon Consultores y Datincorp), la Unidad Andina del Bank of América Merrill Lynch (BofA) publicó un informe en el que analiza posibles resultados de las elecciones: “Todas dan una ventaja a la oposición de dos dígitos. El promedio de ventaja es de 28,3 puntos porcentuales, más que suficiente para superar el umbral de 18,1 puntos necesarios para reunir la mayoría calificada de 2/3, de acuerdo a nuestras estimaciones”, señala el trabajo “Venezuela in focus: The Magic Number”,firmado por el economista Francisco Rodríguez, en el que se precisa que la oposición tendría que ganar por un margen de al menos 5,7 puntos porcentuales para alcanzar la mayoría simple.

Encuestas no ganan elecciones. Pero, para quienes están en el ring electoral son el gran dolor de cabeza, porque definen las posibilidades de triunfo. Aún queda mucha campaña por ver. Las estrategias apenas se perfilan. “Hoy, lo único que sabemos es que el Gobierno parte en desventaja, pero no en qué termina”, señalaba Luis Vicente León, presidente de Datanalisis, a tres meses para la elección.

Un discurso para el pueblo. En los sondeos más recientes de Datanalisis y del Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD), 87% de los encuestados evaluó de forma negativa la situación del país. En ambos el desabastecimiento se ubicó como el principal problema de la nación. Lo confirmaron 63,2% de los consultados por la Encuesta Ómnibus de Datanalisis, realizada del 10 al 23 de julio, y 81,8% de los encuestados por el IVAD, entre el 8 y el 16 de agosto. La inseguridad y el alto costo de la vida destacaron en segundo y tercer lugar, respectivamente, entre las dificultades que más afectan al país. Para 59,3% de los encuestados por Datanalisis, el responsable de estos males es el presidente Nicolás Maduro y su Gobierno. La desaprobación de su gestión se ubicó en 70,4% (Datanalisis) y 76,8% (IVAD).

Sobre el desabastecimiento, 52,3% de los entrevistados en la encuesta Ómnibus responsabilizó a Maduro; mientras 47,8% de los consultados por el IVAD citó al Gobierno, solo 7,1% al contrabando/bachaqueo y apenas 0,9% a la “guerra económica”.

A pesar de los datos que arrojan las encuestas, el Gobierno insiste en culpar a los bachaqueros y contrabandistas de la escasez de alimentos y otros productos en el país. El 8 de agosto, durante la juramentación de los candidatos del Gran Polo Patriótico a las parlamentarias, Maduro anunció que lanzaría un plan igual a la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) para contener a los bachaqueros. “Basta de la economía criminal y el sabotaje económico”, dijo.

Con el argumento de frenar el contrabando de alimentos y combustibles, así como el paramilitarismo, en la frontera con Colombia, el 21 de agosto el Presidente decretó un Estado de Excepción por 60 días –prorrogables por el mismo tiempo– en 6 municipios del estado Táchira, que luego se extendió a otros 4 municipios. La medida fue tomada tras haber ordenado el cierre de la frontera con el país vecino en San Antonio del Táchira y Ureña, en principio por 72 horas, y el despliegue de un operativo de la OLP en la zona, por un ataque de presuntos paramilitares a efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Para el 7 de septiembre, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios había cifrado en 1.467 los colombianos expulsados de Venezuela y en 18.619 los que abandonaron voluntariamente el país por la crisis fronteriza.

“Al no poder reconocer su error en el modelo de control e intervencionismo total, al no sentirse confortable con ajustar la economía –devaluar, incrementar precios, abrir los mercados, negociar–, porque podría provocar una pérdida mayor de popularidad; el Gobierno ataca las consecuencias y no las causas: al bachaquero, al contrabandista”, explica el presidente de la firma Datanalisis.

Señala que aunque estas decisiones no solventarán la crisis económica, en el terreno político el Gobierno crea un discurso para el pueblo: “El control de cambio y de precios son elementos abstractos. Lo que sí se ve es al contrabandista, al bachaquero. Es mucho más potente en términos políticos decir que `yo te estoy subsidiando el producto, pero los colombianos se lo están llevando, los contrabandistas, los paramilitares. Ellos son los malos, no yo´. Es mucho más interesante que culpar al imperialismo y los oligarcas”.

Para el politólogo Luis Salamanca detrás de la situación en la frontera está el interés del Gobierno por encontrar un elemento que aglutine a sus seguidores, que no permita que se abstengan en las parlamentarias ni que voten por la oposición. “Ha ido ensayando desde principio de año. Lo hizo con el golpe del Tucano, el decreto de Obama y el conflicto con Guyana. Este puede considerarse como el más fuerte, es una especie de `Dakazo fronterizo´, en el cual Maduro quiere demostrar que tiene autoridad”. Sin embargo, considera que si las medidas contra el paramilitarismo y el contrabando no producen ningún efecto, los seguidores del chavismo pueden pasar de un interés inicial al desencanto, además de ser contraproducentes al entorpecer la vida diaria de la gente con el Estado de Excepción.

El anuncio del cierre de la frontera y el Estado de Excepción despertó el temor de una posible suspensión de los comicios. Edgard Gutiérrez, consultor político y coordinador del estudio Venebarómetro, advierte que el costo político de una decisión como esa es muy alto, porque puede generar reacciones de calle y condena internacional. “Sin embargo, mientras más veo encuestas más me convenzo de que es una posibilidad que está en la mesa”, sostiene. 

No obstante, el derecho al sufragio está garantizado en la Ley Orgánica de Estados de Excepción, durante la vigencia de estos decretos. León y Salamanca son de la idea de que sí se celebrarán las elecciones. “El objetivo de fondo podría ser que se realicen bajo Estado de Excepción. El Gobierno estaría probando este instrumento para ver qué efectos causa y evaluar la posibilidad de prorrogarlo y extenderlo a otras entidades. Hacer las elecciones en esas condiciones no es muy democrático porque militariza las ciudades y permite una serie de actuaciones sobre el tránsito de la gente”, indica el politólogo.

La medida efectivamente fue extendida a 10 municipios del Zulia y 3 de Apure. En total –sumando los 10 del Táchira– 23 municipios fueron sometidos a esta decisión. En el Zulia, como en Táchira, se acompañó con un cierre fronterizo.

Margen de maniobra. En su reciente gira por Asia y Jamaica, el Presidente Maduro logró un préstamo de 5 millardos de dólares de China a Venezuela, que, aseguró, será destinado para elevar la producción petrolera de forma progresiva. Alejandro Yordi, consultor estratégico de la División de Marketing Político de Nölck Red América, se inclina por la idea de que este nuevo financiamiento será destinado a solventar temporalmente el desabastecimiento y el problema de las colas.

“El Gobierno está jugando nuevamente con el tema emocional de Chávez, pero saben que no va a ser suficiente, que el malestar en la calle está muy fuerte”, sostiene Yordi. La estrategia del Gobierno, en su opinión, se enfocará en la gestión local, en resaltar los logros alcanzados, y en promover -como otras veces- el miedo entre sus seguidores a perder lo alcanzado.

Una de las banderas del Gobierno de Maduro y de la última gestión del fallecido Presidente Hugo Chávez ha sido la Gran Misión Vivienda Venezuela, que nació en abril de 2011 con el objetivo de resolver el déficit habitacional. Entre el 28 y el 30 de agosto de este año se llevó a cabo un nuevo registro de la Misión Vivienda. Durante su anuncio, Maduro aseguró que ahora cada familia tendría título de propiedad y carnet del programa social, que según cifras oficiales ha adjudicado 726.622 casas y apartamentos.

El economista y candidato por la MUD al circuito 4 de Caracas, José Guerra, aseguró durante un recorrido por el sector El Tamarindo, de El Valle, que quienes habitan en la Misión Vivienda no son propietarios y que están siendo víctimas de constantes presiones y chantajes por parte de miembros del PSUV para quitarles la vivienda. Señaló que la titularidad de los inmuebles será uno de los temas que impulsará la oposición desde la Asamblea Nacional.

Para Salamanca el censo tiene otro objetivo: “Es una manera de ver dónde están los electores potenciales; presumo que además tienen la información que se maneja desde el CNE. Esto les permite hacer las operaciones ‘galopes’ que han hecho en otras elecciones, porque cuentan con unos mecanismos para saber cuál es el flujo de votantes que se ha producido por sectores, lo que les facilita ir a buscar gente que no haya votado, a veces incluso contra su voluntad”.

En el ámbito social, otra de las estrategias del Gobierno ha sido el despliegue de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) en buena parte del país. Fue lanzada el 12 de julio como plan de seguridad ciudadana, luego de un primer operativo desplegado en la Cota 905, en el cual actuaron 600 funcionarios con saldo de 16 muertos. El coordinador del estudio Venebarómetro explica que el sentido de estas medidas es mostrar a un “Ejecutivo fuerte, que sí se ocupa de la inseguridad”. En junio de 2012, a pocos meses de la celebración de las elecciones presidenciales, Hugo Chávez lanzó la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, destinada igualmente a fortalecer la seguridad en el país.

“El Gobierno está en su fase de fortalecimiento. No tiene una sola estrategia, tiene varias. En los barrios hay una campaña hiperactiva del PSUV. Eso tiene impacto positivo”, advierte el presidente de Datanalisis. Yordi, por su parte, resalta como una estrategia inteligente del PSUV que esté tratando de mostrar “cara” de renovación, al haber seleccionado a jóvenes del partido como candidatos nominales.

La agenda. La labor de la Mesa de la Unidad Democrática por el bienestar del país fue evaluada negativamente por 57,3% de los encuestados en el estudio Ómnibus de Datanalisis, realizado entre julio y agosto. En tanto, la aprobación se ubicó en 33,3%. La encuesta del IVAD reflejó en esta oportunidad resultados disímiles a Datanalisis: 62,1% de los consultados evaluó positivamente la labor de la organización política, mientras que 34,8% de forma negativa.

El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chuo” Torrealba, resalta que la primera estrategia de cara a las parlamentarias es mantenerse apegados a la agenda económica y social: “La agenda de la gente”. Afirma que esa será una primera clave, que impactará en el contenido y tono de la campaña.

“Vamos a mantenernos centrados en nuestro foco, evitando caer en las distracciones que con mucha fuerza está tratando de imponer el gobierno. Nuestra estrategia de campaña es dar respuestas puntuales a esas agresiones, pero sin permitir que la agenda del gobierno se sobreponga a la agenda de la gente. Mientras el Gobierno intenta envenenar al país con el tema de Colombia, nosotros estamos en toda Venezuela acompañando al pueblo en las colas, en las puertas de los hospitales y de las farmacias, compartiendo la indignación y construyendo la esperanza”.

El mensaje va dirigido hacia dos grandes sectores, explica. Por un lado, hacia quienes siempre han sido opositores y cuya demanda fundamental es un cambio político y de modelo. Por otra parte, hacia quienes hasta hace poco se identificaban como pro-oficialistas y hoy están reclamando soluciones a la crisis. “Nuestro mensaje irá hacia ambos de forma articulada. Vamos a plantear de manera urgente las soluciones a la crisis y la necesidad del cambio político para que esas soluciones tengan sostenibilidad en el tiempo”.

El Comando de la Venezuela Unida, coordinado por Torrealba, está dividido en tres niveles: nacional, por circuito y por centros de votación. Adicionalmente, están los comandos familiares. Para el secretario ejecutivo de la MUD los dos grandes retos del 6-D serán: estar preparados para hacer una operación remate más contundente que la del Gobierno, para lo cual considera fundamental la articulación de los comandos familiares; y la defensa del voto, con la presencia masiva en centros de votación, especialmente en caso de que, una vez conocido el resultado, el CNE demore en informarlo al país.

Torrealba es enfático en que el país no se enfrenta a un proceso político ordinario.  “Las elecciones en Venezuela no son una fiesta democrática y el voto no es un acto de rutina. Son una expresión de la resistencia democrática frente al proyecto autoritario. Es un acto de rebeldía ciudadana y, por otro lado, significa la esperanza de resolver la crisis que atraviesa el país”.

El reto. Convertirse en la alternativa para el cambio político es un desafío importante para la oposición, cuando cada vez son menos los medios de comunicación independientes en Venezuela por los cuales puedan transmitir sus mensajes. “La campaña de la oposición es prácticamente puerta a puerta y queda poco más por hacer, porque no hay dinero ni espacios para comunicar masivamente. Pero aún no hemos visto el despliegue real de la campaña opositora”, señala Gutiérrez.

De la escasa propaganda opositora que está en medios masivos, hace alusión a unas piezas radiales del partido Primero Justicia, en las que se llama a votar por la Unidad. En su opinión son desatinadas: “El mensaje es engañoso. No puedes decir que vas a solucionar el tema de la inflación y la inseguridad ganando la Asamblea Nacional.  Si la oposición gana, habrá un cambio político pero no con efecto inmediato”. 

Para el consultor de marketing político, Alejandro Yordi, la oposición se ha mostrado hasta ahora monótona. “Se ha enfrascado contra el Gobierno, tratando de atrapar a toda la gente que está descontenta; pero por ahora no pareciera estar reaccionando de otra manera, lo cual es peligroso teniendo en cuenta que hay factores independientes. Si juegas al trancazo del Gobierno el sector independiente también podría quitarte votos”. Considera que además de mostrar las fallas del Ejecutivo, es necesario que transmita un mensaje mucho más concreto: “La gente que está en los barrios, que es la mayoría de este país, no está pendiente de libertad ni de democracia, les preocupa lo que les afecta directamente”.

Sobre las alternativas independientes, Gutiérrez señala que son pocas las posibilidades de triunfo. “Estas candidaturas disidentes lo que hacen es restarle votos al candidato de su propio mercado electoral, dividen la votación, como ocurrió en Lara en 2010, la MUD y el PPT fueron separados y ganó el chavismo”, aunque la intención de voto a favor de este actor político se ubicaba en 11,8%, según la encuesta Ómnibus de Datanalisis.

León reconoce el trabajo de la MUD por mantener la unidad durante los últimos meses: “Lograr la tarjeta única; evitar la división luego de que les inhabilitaron candidatos radicales, incluyendo a María Corina Machado; mantenerse firme con sus reglas internas, incluso asumiendo riesgos”.

¿Está preparada la oposición para el 6-D? “Tiene una inmensa oportunidad que debe capitalizar con mucha organización. La campaña tiene que ser de hormiguita, de base. Si sus candidatos y los comandos de campaña son capaces de armar una red humana que promueva el voto, pero sobre todo sobre la defensa del mismo, la posibilidad de ganar es alta”, destaca Gutiérrez.

León coincide en que se trata de una “oportunidad de oro” para la oposición. Pero, admite que aún le falta “construir su propia historia, generar su esperanza, enamorar a las masas; no con la idea del voto castigo, sino con la idea de que votar por ella es una oportunidad de mejora en la vida futura de la población”.  

Desequilibrios en el sistema

¿Cómo se traducen los votos en número de diputados? De acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electorales, deben elegirse por estado tres diputados, más un número de diputados equivalente al resultado de dividir el total poblacional de la entidad entre una base igual a 1,1% de la población total del país. Para el politólogo Edgard Gutiérrez este mecanismo, vigente desde 1999, perjudica el valor del voto y el principio de igualdad política al presentarse un desequilibrio entre las zonas más pobladas y menos pobladas con respecto al número de parlamentarios que eligen. “En términos del total de electores, los 9 estados más grandes del país concentran 67% del electorado, pero apenas escogen 53% de los escaños (87 diputados). El área más despoblada representa 33% del Registro Electoral Permanente, sin embargo escoge a 47% de los diputados (78 diputados)”, explicaba en el artículo “Los votos en Venezuela valen lo mismo”, publicado en 2010 en su página web. Aunque el electorado de hoy es mayor y se escogen dos diputados más, el diseño sigue siendo el mismo.

Patricia González Chacín

*Trabajo presentado en la edición más reciente de PRODUCTO, actualmente en kioscos 


PUBLICADO: 20 de octubre de 2015