El Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI) permanece paralizado desde el pasado 28 de agosto. Así lo informó a PRODUCTO el doctor Ricardo Alberto Antequera, Managing Partner del escritorio boutique, Antequera Parilli & Rodríguez, un bufete especializado en asuntos marcarios, de propiedad intelectual y de patentes. Desde esa fecha, aproximadamente, se conoció el aumento de 15.000% en los costos de los trámites a cargo de esta institución.
Antequera enfatiza que esto es un zarpazo más en contra de la libre empresa. “Aquí hay un amplio espectro afectado. En primer lugar, las empresas nativas y multinacionales que hacen vida de negocios en el país, y que necesitan usar los servicios del SAPI. Y luego, nosotros, los prestadores de servicios. Es decir, los bufetes que representamos a esas empresas. No podemos decirle a nuestros empleados que no vamos a honrar nuestros compromisos con ellos porque el SAPI está paralizado”, pone en claro el también profesor de la Escuela de Derecho de la UCAB.
El especialista precisa que la suspensión del servicio es tanto física como electrónica. Las oficinas están abiertas –cómo no- pero es imposible ser atendido, y en cuanto a los sistemas informáticos (como bases de datos, etcétera) permanecen inhabilitados para el acceso. Es una situación absolutamente irregular, como se puede entender.
¿Pura fachada?
“En la página web hay información actualizada de gestiones, o medidas que han sido tomadas recientemente, pero no se puede acceder a la base de datos. Alegan asunto internos, pero eso no es una respuesta legalmente válida, ni suficientemente transparente. No están dando servicio al público en cuanto a la recepción de trámites”, asevera el entrevistado. “Esto es una demostración de un gran nivel de desatención frente a lo que son los derechos del administrado, es una violación a las obligaciones de la administración pública”, enfatiza Antequera.
El jurista relata cómo en el portal del SAPI se informa –por ejemplo- que se inician gestiones para denominación de origen a productores del estado Lara, cosa que no está recogida “ni protegida en la legislación venezolana, luego que el Gobierno decidió retirarse de la CAN. Nuestra legislación no protege las denominaciones de origen. También el portal de colaboración con entes públicos y universidades privadas, pero la realidad es que no están prestando servicios”, da cuenta de una alarmante realidad. Parece que es un territorio tomado por el sinsentido, después de todo.
Es importante hacer notar que si uno visita el portal del SAPI, todo pareciera marchar viento en popa. También si se verifican sus cuentan en redes sociales, como Twitter o Instagram. El ataque 2.0 del SAPI viene siendo en la onda del optimismo, la proactividad y la garantía –al menos ante la opinión pública- de que en Venezuela se protege el derecho a la propiedad de los autores.
“En la práctica no es así”, expone Antequera, quien ha sido calibrado por la prensa extranjera como uno de los abogados más solventes del continente en esta materia. El abogado comenta que el Colegio Venezolano de Agentes de la Propiedad Industrial (Covapi) ha extremado las medidas para destrancar el juego. Dice que se han pedido reuniones incontables veces, han sido numerosas las comunicaciones, pero “lo único que hemos recibido como respuesta es el silencio y la zozobra”, lamenta el experto.
Evadir la realidad
En cuanto a la cuenta en Twitter del organismo, hay que decir que lo que puede constatarse es una especie de militancia a favor del Ejecutivo. No se encuentran tweets asociados a las competencias reales del ente, sino una serie de RT de otras cuentas vinculadas con el Gobierno nacional. La red Instagram, exhibe a un SAPI alentador, optimista, más en la línea del coaching nueva era, que en las obligaciones que pesan sobre un ente de la administración pública.
“Se nos responde argumento asuntos técnicos, y esto no es una contestación válida desde el punto de vista legal”, expresa Ricardo Alberto Antequera, quien resalta que no puede realmente estimarse una perdida en metálico luego de este mes de inactividad del organismo oficial. “Si uno quiere registrar una marca, un invento, renovar una patente, sencillamente no puede hacerlo”, echa de menos el vocero.
Y concede el beneficio de la duda: “Ojalá que este silencio de casi un mes de deba a que el SAPI está reflexionando, y va a corregir la gran cantidad de fallas que viene presentando desde hace tanto tiempo”, se encoge de hombros.
“Hay una actividad por parte del gremio, para intentar lo que podamos hacer por nuestros representados, y nuestras instituciones, pero lo único que encontramos es el silencio. Estamos acudiendo a todas las instancias posibles, tratando de sensibilizar a las cámaras, gremios, etcétera, y a los medios de comunicación. Esto aleja a Venezuela del mapa de inversiones nacionales y extranjeras”, remata el portavoz.
PUBLICADO: 25 de septiembre de 2018