El Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) reconsideró los aumentos tarifarios que se implantaron luego de la reconversión monetaria, los cuales promediaron 150.000%, pero la rebaja de 80% parece insuficiente para estimular el registro de marcas y patentes, que, según fuentes del organismo, se redujeron 85% con respecto a 2017.
El gran problema sigue siendo el registro y renovación de marcas internacionales, procesos que se mantienen paralizados, porque el SAPI no ha determinado un mecanismo de cobro em divisas. El pasado 11 de diciembre, el Banco Central de Venezuela emitió una comunicación en la que homologó las tarifas del organismo para titulares extranjeros a la tasa de cambio más reciente a la fecha de la transacción surgida de la subasta del Dicom.
No obstante, según indican las fuentes el organismo está "inhabilitado" para aceptar dólares estadounidenses, porque las cuentas están inmovilizadas supuestamente debido a las sanciones internacionales impuestas al gobierno de Nicolás Maduro.
Las fuentes consultadas indicaron que posiblemente la solución sea que las empresas extranjeras que deseen registrar marcas en el país deban utilizar petros, el criptoactivo creado por el gobierno, para registrar o renovar sus derechos marcarios, pero esto aún no está decidido.
Según una nota publicada en El Nacional, el Colegio de Agentes de Propiedad Intelectual -un organismo que agrupa a expertos en la gestión de marcas- sostiene que hay más de 500 solicitudes de registro no pueden ser procesadas, porque no hay forma de cobrar las tasas, aunque la Ley de Timbre Fiscal permite los pagos en dólares estadounidenses.
Hay una decisión política de evitar el uso del dólar como moneda en el país, dice la fuente técnica del SAPI consultada, por lo que se está analizando una transición hacia un mecanismo de pago que permita "evitar el bloqueo" para las empresas interesadas.
Lo cierto es que el servicio del SAPI ha operado de forma irregular durante 2018. Luego de la reconversión monetaria, el organismo estuvo paralizado por más de un mes, como lo reseñó PRODUCTO en su oportunidad.
En esa nota, el abogado Ricardo Alberto Antequera, Managing Partner del escritorio boutique, Antequera Parilli & Rodríguez, un bufete especializado en asuntos marcarios, de propiedad intelectual y de patentes dijo que esa paralización fue "un zarpazo más en contra de la libre empresa".
“Aquí hay un amplio espectro afectado. En primer lugar, las empresas nativas y multinacionales que hacen vida de negocios en el país, y que necesitan usar los servicios del SAPI. Y luego, nosotros, los prestadores de servicios. Es decir, los bufetes que representamos a esas empresas. No podemos decirle a nuestros empleados que no vamos a honrar nuestros compromisos con ellos porque el SAPI está paralizado”.
Las empresas nacionales y extranjeras están en una situación de indefensión en cuanto a los derechos marcarios y de patentes, porque sencillamente tienen inconvenientes graves para realizar trámites básicos como buscar, reservar, registrar o renovar sus denominaciones comerciales.
Por otra parte, las pequeñas y medianas empresas en el país enfrentan elevadas tarifas y tasas de los servicios del SAPI. Según la nota citada de El Nacional, existe una presión para que el organismo vuelva a reconsiderar sus costos, con la perspectiva de incentivar el surgimiento de nuevos negocios, pero parece que en la institución no están por esta labor.
PUBLICADO: 19 de diciembre de 2018