La idea de república que proclama la noción de imperio de la ley y de la igualdad, conlleva también la publicidad más amplia para los actos de gobierno y al mismo tiempo la mayor deliberación respetuosa posible para las diversas ideas, incluyendo las opuestas a la de la élite en el gobierno. La definición formal de nuestro sistema político, establecida en la propia Constitución, es de una república, pero ello requiere que efectivamente las diversas garantías constitucionales se desarrollen en políticas públicas que se traduzcan en derechos con una realización concreta para las personas.
La publicidad de los actos de gobierno es escasa y con una gestión pública que está en contravía de las peticiones de la propia sociedad. En un estudio realizado por Espacio Público, en el año 2013, 92% de los organismos públicos no responde a las solicitudes de información de los ciudadanos. De las respuestas negativas, el mayor porcentaje, que suma 87% de las solicitudes, es el silencio. De cada 100 peticiones de información apenas 4 tienen una respuesta adecuada. Es decir, la norma es la opacidad y la respuesta es una excepcionalidad.
Un argumento que ocasionalmente se utiliza es que la información a la sociedad se realiza mediante las cadenas obligatorias de radio y televisión. En el año 2013 se realizaron 213 cadenas, con una duración promedio de 45 minutos, y de enero a marzo de 2014 hubo 60 cadenas, con una duración promedio de 73 minutos.
Las cadenas de radio y TV constituyen un monólogo basado en la propaganda y no pueden sustituir el mecanismo de las ruedas de prensa, entrevistas, y otros formatos periodísticos, que son herramientas que contribuyen a generar un diálogo en la sociedad. Las cadenas igualmente tienen un impacto importante al reducir el tiempo disponible para la participación de otras personas en los programas y medios.
Por otra parte, el tono y estrategia de comunicación gubernamental influye para caracterizar un escenario de confrontación que se centra en la descalificación deliberada de los actores sociales y políticos en desmedro del debate razonado de los argumentos y perspectivas. Ello empobrece el debate en la medida en que distrae sobre el fondo de los problemas y soluciones para dedicarse a los artificios de la polarización caricaturesca de los adversarios.
Adicionalmente a estos hechos: escasa información pública, saturación de propaganda que limita tiempos para los debates en la sociedad y polarización inducida, se suma un entorno de hostilidad sistemática para las expresiones críticas o independientes. Se procura naturalizar el temor a expresarse críticamente. Expresarse sin temor es un prerrequisito para el debate.
La información, base de la opinión pública, es limitada y por tanto tenemos una opinión pública limitada. Una información de calidad tiene como base la más amplia publicidad de los actos de gobierno, sin el temor a los debates que puedan derivarse de su difusión. Las garantías reales para ello son consustanciales con la idea de república y por tanto un desafío para el Estado venezolano.
PUBLICADO: 15 de julio de 2014