El analista financiero Fernando Serrano dijo a PRODUCTO que el gobierno intenta poner un control a la entrada de remesas para conseguir fondos. La gran incertidumbre, al final, es que qué va a hacer el Ejecutivo con la información personal y financiera de los clientes que la Sudeban exige a los bancos.
La primera consecuencia de la decisión de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) de reforzar los controles sobre las transferencias hechas desde el exterior es elevar aún más los precios del dólar en el mercado paralelo, porque introduce un elemento de riesgo adicional.
"El gobierno busca controlar el mercado de remesas, o impedir, en todo caso, que se fugue una gran parte de esos flujos de fondos, que son recursos frescos que entran al país y que el gobierno puede utilizar, sobre todo en un momento de tanta complejidad fiscal", dice a PRODUCTO el analista financiero, Fernando Serrano, presidente de la firma de consultoría Akanain Investment y editor del blog especializado Tu Inversión a Futuro.
El Ejecutivo trata de encontrar la forma de cercar este mercado, a través de la restricción de transferencias bancarias desde el exterior y, en el camino, colocó la responsabilidad judicial de prevenir operaciones no vigiladas en la banca.
La circular SIB-DSB-14.539 establece un sistema de control sobre las operaciones con cuentas en bancos venezolanos desde el exterior que obliga a las entidades financieras a suministrar información personal y patrimonial de carácter privado.
"Ciertamente, es información personal, pero existe una comunicación y un sistema de reportes entre la Superintendencia y los bancos que, de alguna manera, ya permite que el gobierno tenga información sobre las cuentas de los particulares. Esto, realmente, no es nuevo. En el exterior, es normal que las entidades bancarias generen alertas si una cuenta es usada desde una dirección IP desconocida", aclara Serrano.
Bajo esta nueva norma, la Sudeban obliga a los bancos a suministrar, vía correo electrónico, un reporte semanal a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif) con las operaciones hechas por cuentahabientes en el exterior, con todos los datos personales y de las cuentas, así como montos de las operaciones.
La norma precisa que los clientes que tengan previsto salir del país deben notificar a sus bancos del itinerario completo, lapso del desplazamiento y detalle de las cuentas bancarias que se propone utilizar.
Si el cliente modifica el itinerario o el tiempo de viaje sin notificar a la institución, esta debe proceder a bloquear preventivamente el acceso del titular a su propia cuenta, hasta tanto este no brinde la información y, además, debe identificar las direcciones IP (Internet Protocol) desde las cuales se intentó acceder a la cuenta en el exterior.
Igual ocurre si algún cliente no notifica previamente su viaje.
Según el superintendente Antonio Morales, este tipo de normas existe en otros países y su objetivo es "proteger el nuevo cono monetario", ya que, en su criterio, la economía venezolana está "bajo ataque" de factores internos y externos.
Uno de los objetivos más claros de esta decisión es controlar el mercado de remesas y, en este sentido, el funcionario afirmó que la entrada de recursos desde el exterior de hacerse solo a través de las casas de cambio autorizadas -300 según el funcionario, aunque solo 150 podrían estar listas para operar-, de manera que estas transacciones paguen "las tasas correspondientes".
Morales recalcó que el objetivo de la norma es incentivar el uso de las casas de cambio para enviar y recibir remesas, y para ello se derogó el régimen de Ilícitos Cambiarios.
La incertidumbre
Para el analista financiero Fernando Serrano, esta no es una medida aislada. A su juicio, el gobierno busca formas para reducir el déficit fiscal y tener una estructura más sólida de fondeo, por lo que el mercado de remesas es muy atractivo.
Ciertamente, al cumplimiento de este objetivo hay que sumar la agresiva reforma tributaria implantada y el posible incremento de los precios de los combustibles a escalas internacionales.
La gran incertidumbre es qué va a hacer el gobierno con la información que la banca va comenzar a reportarle, ya que en el país ya no existen -al menos en la letra- los delitos cambiarios.
"El gobierno tiene claro que si una persona sale del país y transfiere dinero a una cuenta local se trata de una operación de compraventa de divisas, porque en Venezuela existe el control de cambio. Y si una persona permanece mucho tiempo en el exterior, se puede inferir que emigró y está mandando fondos para mantener a un familiar, o para pagar cosas como el condominio del apartamento que dejó y el mantenimiento de cualquier otro activo. Quieren hacerle seguimiento a esto", apunta Serrano.
"La intención es que esos flujos comiencen a pasar por las casas de cambio autorizadas, aunque ello signifique una reducción real de ingresos para quienes reciben la transferencia, debido al creciente diferencial entre el cambio Dicom y las tasas en los mercados paralelos. Posiblemente, se logre que algunos entren por el redil, pero habrá otros -quizás, la mayoría- que no vean el incentivo y comiencen a buscar alternativas", explica el analista.
Para el presidente de la consultora financiera y gerencial Akanain Investment, ciertamente la norma emitida por la Sudeban tiene un "carácter muy coercitivo; sin embargo, el mercado negro de divisas no va a desaparecer, ni se va a reducir, porque aún persiste el control de cambio".
Según una información publicada por PRODUCTO (Ver Solo 30% de los venezolanos tiene capacidad de consumir porque recibe dólares), pueden entrar al país, por concepto de remesas, entre 2.500 y 3.000 millones de dólares al cierre de este año, según cálculos de Ecoanalítica.
Indica el socio director de la firma consultora, Alejandro Grisanti, en la nota citada que, en 2017, debieron llegar unos 1.200 millones de dólares por este concepto.
PUBLICADO: 28 de agosto de 2018