El abogado especializado en Marcas, Patentes y Propiedad Intelectual Ricardo Alberto Antequera, de Antequera Parilli & Rodríguez, señala que el aumento de 15.000% de los servicios del SAPI afecta esencialmente a las Pymes y emprendedores. Alerta que también debe esperarse un incremento proporcional de las tasas del organismo. Es una medida "ilegal e inconsulta".
El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) aumentó 15.000% las tarifas por prestaciones intelectuales. La medida ha venido de la mano con el “paquetazo” de medidas económicas anunciado por el presidente Nicolás Maduro.
Ricardo Alberto Antequera es Managing Partner del escritorio boutique, Antequera Parilli & Rodríguez, especializado en asuntos de marcas, patentes y propiedad intelectual. El doctor Antequera ha sido catalogado por la prensa especializada del Reino Unido como uno de los abogados más solventes de América Latina en esta materia.
“Lo primero que hay que aclarar es que se trata de un aumento en los gastos, y no en la tasas. O sea, se trata de un aumento de 15.000% en los gastos que supone usar los servicios del SAPI, pero esperamos que venga también un incremento en la Unidad Tributaria (UT), con lo cual –ahora sí- las tasas también van a subir”, abre fuegos el experto.
Antequera explica que se trata de una medida absolutamente “ilegal e inconsulta”, que afecta esencialmente a las Pymes criollas -y a las pocas empresas nativas que todavía puedan llamarse “grandes”-, porque las empresas multinacionales mantienen congeladas las operaciones ante el SAPI, luego de un litigio que ya lleva tres años ante el TSJ.
Maduro reformó –en mayo de 2015- la Ley de Timbres Fiscales (vía Ley Habilitante) y fijó para las multinacionales el pago de tasasen dólares, lo cual ha sido denunciado como inconstitucional. Desde entonces las multinacionales están en una especie de limbo men materia de registro de marcas y de defensa de su propiedad intelectual.
Contra la empresa venezolana
“Este aumento en los gastos afecta esencialmente a las empresas venezolanas, y es un factor más que acorrala a un empresariado que ya –de por sí- está bastante mermado”, avanza el abogado. Ricardo Alberto Antequera, quien también es profesor de la Escuela de Derecho de la UCAB, dijo a PRODUCTO que esta medida coloca a Venezuela muy a la retaguardia en cualquier ranking internacional que mida propiedad intelectual y protección de marcas. “Quedamos atrapados en una especie de selva, en una especie de Macondo”, expresó el analista.
Y quiso referirse al caso puntual de su cartera de clientes: “Nuestros clientes están en estos momentos tratando de entender la situación. Nosotros nos mantenemos velando por sus intereses. Pero es claro que esto constituye un gran desincentivo para la actividad privada. Parece que el Gobierno no quiere dejar actuar a ninguna empresa que no esté del todo alineada con su matriz de acción. Antequera Parilli & Rodríguez se mantiene haciendo pushing a favor de los intereses de sus marcas representadas. No obstante, no es difícil prever que muchas empresas que tenían en mente tal vez registrar algunas marcas, o hacer lanzamientos, prefieran no hacerlo, sencillamente porque sienten que el sistema de justicia no funciona”, expone Antequera.
Le guste o le disguste
El Colegio Venezolano de Agentes de la Propiedad Industrial (Covapi) –informa el entrevistado- se reunió con las autoridades del SAPI ante este exorbitante aumento de los gastos que implica usar los servicios del organismo estatal, “y se les planteó lo complicado que es esto para todas las marcas, pero lo que se nos dijo es que esas son las nuevas tarifas, de cualquier modo”.
Antequera resalta que históricamente no ha sido nada fácil para Covapi ser escuchado por los entes oficiales. Lo cierto del asunto es que –garantiza- este incremento de 15.000% en los gastos que implica usar los servicios del SAPI es un paso más hacia la total liquidación del ya bastante débil andamiaje de empresas privadas que quedan en el país. Eso es lo más lamentable.
SERVICIOS PARA QUÉ
El Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual es un organismo prácticamente inoperante. En buena medida, esta situación obedece al modelo discrecional como se administran los asuntos de propiedad intelectual en Venezuela. Si las empresas en Venezuela están generalmente desprotegidas, en esta materia la indefensión llega a niveles inéditos.
Por esta razón, este incremento en las tarifas de los servicios implica un golpe especialmente molesto. Ahora, el registro de una denominación comercial cuesta más de BsS 42.000.
Para consultar si una maraca está disponible para registro, un emprendedor tendrá que pagar BsS 17.000, sin que haya garantía de que el registro proceda. Además, este pago se hace por adelantado.
Los autores, compositores y demás artistas deben pagar nada menos que BsS 12.000 por proteger sus creaciones.
Debido a la hiperinflación que destruye los ingresos de empresas y particulares, este costo significa un golpe devastador para emprendimientos y pequeños negocios. Comparativamente, los costos de registro de marcas en Venezuela pasan a estar entre los más altos de América Latina.
¿Se justifica esto en una economía en crisis, donde la empresa privada es denostada y amenazada? ¿Y dónde queda el Artículo 98 de la Constitución Nacional?
Este artículo dice lo siguiente: "Artículo 98. La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia".
AJP
PUBLICADO: 29 de agosto de 2018