¿Y dónde está Raúl Gorrín? ¿Hasta cuándo Globovisión va a guardar silencio sobre las graves acusaciones judiciales que pesan sobre su presidente? ¿Qué hará la administración de Nicolás Maduro con este caso?
Son muchas las preguntas y pocas las respuestas. En la Asamblea Nacional se prepara la reactivación de las investigaciones pendientes sobre casos de corrupción mil millonarios. La idea del parlamento es no dejar pasar la ola sin surfearla. Parece una decisión política tomada tratar de que la AN se haga parte de los juicios en Estados Unidos, para demandar el regreso, así sea parcial, de los recursos supuestamente malversados del fisco nacional.
Ya los movimientos en este sentido comenzaron, a través de algunos contactos con los fiscales que llevan las investigaciones en Estados Unidos. Esta vez, parece que la oposición se puso a trabajar para elevar su menguada capacidad de acción política en un tema que, a pesar de que no es la primera preocupación de la opinión pública, es especialmente urticante, porque la crisis magnifica el impacto de la corrupción.
La Comisión de Medios del parlamento va a sacar de las gavetas los casos de las adquisiciones de El Universal y La Cadena Capriles, junto con los de algunos medios regionales que también cambiaron de manos. La "hegemonía comunicacional" que diseñó Andrés Izarra, hoy en el sector opositor del chavismo, también tuvo su "mano zurda".
Compras extrañas
Por Globovisión se pagaron USD 90 millones de dólares. Raúl Gorrín quería legitimización social y política, por lo que no regateó con el precio. Incluso, dicen algunas fuentes, que no le interesaba mucho que el canal fuese rentable.
Cuando los periodistas que habían hecho la imagen del canal comenzaron a renuunciar en cámara, y el prestigio del medio se fue en picada, encuesta tras encuesta, Gorrín decidió aguantar, ya que consideraba que esa "purga" era necesaria para renovar la señal con la nueva línea editorial, y lo mejor de todo es que él no tuvo que ponerla en práctica. Los "conflictivos" se fueron por su cuenta o arreglaron sus salidas.
En El Universal, el proceso parte del misterio de Epalisticia, la empresa española con poco capital, solo EUR 3.500 a la fecha de su creación en 2013, que se compró el rotativo con mejor reputación de la prensa venezolana y una pauta publicitaria envidiable por un monto de EUR 90 millones.
La transición en el periódico centenario fue más "soft". Se mantuvo la planta directiva, pero su presidente Jesús Abreu Anselmi, interviene de manera directa para establecer parámetros que, en algunos casos, llegan a la definición de censura. Hubo alguna renuncia sonada, como la de la caricaturista Rayma Suprani, y una poda en las páginas de opinión en busca de mayor "equilibrio".
Con el columnista más leído del periódico, Nelson Bocaranda Sardi, hubo respeto y cuidado. Con la crisis del papel que padece toda la prensa en Venezuela y una reducción de la facturación publicitaria de doble dígito elevado interanual, dice elusivamente una fuente administrativa del periódico, hay que cuidar la reputación.
Últimas Noticias: Control total
En la antigua Cadena Capriles, hoy Grupo Últimas Noticias, el secreto de quiénes son los dueños se pretende mantener hasta la actualidad; sin embargo, sus jefes de redacción son convocados permanentemente a reuniones en el Ministerio de Comunicación e Información, donde reciben instrucciones y líneas editoriales.
El periódico que una vez tuvo la mayor circulación nacional, y fue emblema de un irreverente periodismo popular, hoy forma parte no oficial del Sistema Nacional de Medios Públicos, al punto de que muchas entrevistas y reportajes se pautan desde el gobierno, indican ex trabajadores de la empresa, quienes afirman que, inclusive, se somete a consulta la primera página con el Minci en algunas ocasiones especiales.
Miguel Ángel Capriles López, hoy un exitoso inversionista inmobiliario en España, vendió una empresa a la que estaba cambiando radicalmente en todo sentido, por USD 97,5 millones a una firma llamada Latam Media Holding que, siguiendo la línea del comprador de El Universal, tenía un capital pagado de apenas USD 2 millones.
Latam Media era un vehículo de inversión con propósito específico registrado en Curazao, pocos días antes de la operación, como filial de la británica Hanson Group. Según un reportaje de ArmandoInfo, publicado en la página de Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), capítulo Venezuela, el financista fundamental de la operación fue Víctor Vargas, presidente del BOD.
Desde la adquisión, lo que fue una de las casas editoriales más poderosas del país, quedó reducida a una fracción del negocio que llegó a ser. Fuentes internas indican que el gobierno tiene deudas mil millonarias con la empresa a la que controla absolutamente en materia editorial.
Hoy en día, el presidente ejecutivo es el periodista Felipe Saldivia, quien llegó de la red Ciudad Caracas para sustituir a Héctor Dávila, un experto en computación y técnico electoral del PSUV, que dejó hundir la circulación de Últimas Noticias y cerró definitivamente a El Mundo Economía y Negocios.
Dávila desató una política de censura abierta, que llegó a la amenaza a algunos periodistas y tomó decisiones gerenciales muy peculiares, por decir lo menos, como utilizar la marca del periódico para denominar un desinfectante, o vigilar al personal con drones para mantener la seguridad.
Más que gestionar los medios a su cargo, Dávila se dedicó a hacer negocios totalmente distintos, aprovechando la moderna infraestructura que dejó montada Capriles López. La sede corportativa se transformó en agencia de festejos, áreas de oficinas particulares, una clínica de medicina estética y un empresa de e-commerce tipo Amazon.
Dávila incluso montó una redacción paralela y "fantasma" que no estaba en la sala de redacción única donde se consolidaron todos los medios de la antigua cadena.
Estos casos de "adquisiciones sospechosas", se suman al cierre de medios audiovisuales, la asfixia económica de la mayoría de la prensa regional, el bloqueo de medios digitales y el control político de la TV abierta para crear una enorme operación de desinformación inducida que, en las regiones, es aún más patente.
Hechos importantes como las elecciones municipales o la no aclarada muerte del concejal Fernando Albán en los calabozos del Sebin son desconocidos por más de 50% de la población, según varias encuestas.
Cuando el silencio habla...
Según el periodista Juan Carlos Zapata, hoy editor de los portales Konzapata y AlNavío.com, Gorrín no asumió la actitud totalmente genuflexa que el gobierno esperaba, tras la salida de los antiguos propietarios de Globovisión.
Zapata considera que Gorrín tenía el dinero, pero no el poder y la influencia, por lo que decidió respaldar al gobierno sin "volar los puentes" con la oposición.
Aunque hay excepciones a la apertura con el debilitado antichavismo; una es María Corina Machado, quizás la más relevante. Quienes tienen una posición más dialogante con el gobierno tienen puerta franca.
La fiscal Luis Ortega Díaz adelanta que Globovisión debería ser subastada, junto con el resto de los bienes de Raúl Gorrín, cuando se "retome la senda democrática". Tal como están las cosas, esta amenaza no debe preocupar demasiado al aludido. Más angustia pueden generarle, sin duda, los términos de la sentencia de su amigo, Alejandro Andrade, cuya benevolencia está atada a mayores contribuciones del acusado con el sistema legal de Estados Unidos.
En todo caso, así como Globovisión guarda silencio, el gobierno hace lo mismo. El fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, inicia un proceso de solicitud de extradición contra Alejandro Andrade, pero nada dice o hace sobre sus presuntos asociados.
Más allá del caso del presidente de Globovisión, toda la estrategia de control de medios que el gobierno ha implantado por diversos mecanismos represivos y financieros debe ser debatida por sus graves implicaciones para la sociedad, pues se traduce en violaciones sistemáticas a derechos fundamentales.
PUBLICADO: 29 de noviembre de 2018