La ONG Reporteros Sin Fronteras en su informe anual del 2017, calificó a Venezuela en el puesto 137 de 180 países evaluados por el ejercicio de la libertad de prensa. En medio de la polémica por un cuestionado nuevo periodo presidencial, Nicolás Maduro se reunió con los representantes de los medios de comunicación en un nuevo intento por acordar los términos de la renovación de licencias y otorgamiento de insumos.
María Alejandra Almenar / @Mariale_Almenar
El día martes 29 de mayo de 2018, el Presidente de la República, Nicolás Maduro se reunió con los representantes de medios de comunicación públicos y privados con la aparente intención de mejorar las relaciones. Como si de un acto de campaña se tratara, Maduro prometió revisar las licencias de los medios radioeléctricos y proveer de papel a los medios impresos, pero, como nada es gratuito, pidió a los medios tener “especialmente interés en el tema de la paz, la reconciliación, del reencuentro y del debate político”, además de apoyo en la generación de confianza en los cambios que impondrá en el sistema económico.
La promesa –o el intercambio- llega un poco tarde, justo cuando la mayoría de los medios que quedan operativos tienen o sus licencias vencidas, o un mínimo de papel, y cuando casi todos aquellos que tenían una línea editorial contraria al gobierno – o al menos equilibrada- ya están fuera del aire o en la web.
La culpa es de la derecha
No es la vaca la culpable de que no haya papel, tampoco lo es el mal manejo de los recursos, y mucho menos, es una forma de censura. La culpa de que no haya papel para la prensa escrita, la tiene, según el presidente, la derecha venezolana. “Los genios de la derecha, que han pedido sanciones contra Venezuela”. Según Maduro, es “complicado” traer papel a Venezuela debido a las restricciones que el gobierno norteamericano ha impuesto sobre el país respondiendo a los oficios de la oposición.
Pero, gracias a su disposición “eso lo vamos a resolver también” (sic) a través de la creación de una nueva planta procesadora de pulpa bajo la supervisión del Ministro para las comunicaciones, Jorge Rodríguez.
La respuesta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, se hizo pública inmediatamente a través de su cuenta en la red social Twitter: “Nicolás Maduro miente de nuevo. No es por las sanciones que no llega el papel periódico a Venezuela. De hecho, han pasado cuatro años y medio desde que su gobierno le negó a los medios privados la posibilidad de importarlo y los convirtió en dependientes de su control y manipulación”.
Barbas en remojo
Durante las protestas del 2016, la organización Espacio Público declaró que el 70% de las emisoras de radio en Venezuela estaban sin concesión. Este número no ha variado sustancialmente en estos dos años, sólo han disminuido las emisoras que se mantienen al aire debido a que CONATEL se permite retirarlas del espectro radioeléctrico de forma arbitraria amparado en la no renovación de las licencias.
Durante el año 2017, 50 emisoras fueron clausuradas. El relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, dedicó un artículo de opinión para denunciar la situación de los medios venezolanos. La nota publicada por El Nacionalen octubre de 2017, da cuenta de los medios afectados: “Conatel ha procedido a clausurar distintos medios de comunicación venezolanos que difunden su señal a través del espectro radioeléctrico o incluso vía Internet. La sociedad civil ha documentado casi 50 medios cerrados en el último año, entre ellos el canal ULA TV (Universidad de los Andes) o las radios Antena 3, Caracas 92.9 y Mágica 99.1, emisoras emblemáticas para sus comunidades; muchas de ellas mantenían una línea editorial y periodística crítica del gobierno.
Todo parece indicar que la estrategia es dejar vencer los plazos de las licencias de todos los medios, no habilitar procedimientos transparentes de renovación o acceso a las frecuencias e ir cerrando selectivamente radios críticas para diseminar un efecto inhibitorio y de autocensura en las que van quedando abiertas”.
Cuando el Presidente promete revisar la situación de las licencias, no necesariamente sea una buena noticia, y mucho menos estando en el medio, la petición de “cerrar filas contra la censura” y abogar “por la paz y la reconciliación”.
La discrecionalidad del otorgamiento de las licencias también fue mencionado por el relator especial en la misma nota de El Nacional. “El argumento central del gobierno es que estas emisoras operaban sin licencia, no obstante haber solicitado la renovación de sus permisos con mucha antelación. El régimen argumenta que no habría una obligación jurídica de renovar estas frecuencias. Sin embargo, la ley vigente establece un proceso para concursar por la renovación, lo que echa por tierra tal argumento. Por otro lado, también se ha verificado que tras suprimir una de estas licencias son adjudicadas a personas afines al gobierno, lo que evidencia una motivación o un propósito distinto: castigar a una emisora independiente y entregar la licencia a un empresario partidario del gobierno”.
Queda esperar para saber quiénes serán beneficiados o no por las promesas del “nuevo gobierno”.
PUBLICADO: 30 de mayo de 2018