Al negocio de las Low Cost que ha visto en Argentina un puerto de destino ideal le acaba de salir un ribete inesperado, la justicia de ese país pone la lupa sobre el presidente y su padre por delitos que van desde asociación ilícita, negociaciones incompatibles, y defraudación vinculadas a la explotación del espacio aéreo.
La Justicia argentina solicitó que se investigue al presidente Mauricio Macri, a su padre y a responsables de Avianca por los presuntos delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación y tráfico de influencias por supuestas irregularidades vinculadas a la explotación del espacio aéreo.
El eje principal de la investigación es la reciente venta de la empresa Macair Jet (“Mac” proviene del apellido del presidente) a la compañía colombiana Avianca y a las potenciales contrataciones del Estado nacional con esa empresa.
Las dudas surgen porque la low cost Avian Líneas Aéreas, el nuevo nombre de Macair y ahora propiedad de Avianca, es una de las principales beneficiadas por el otorgamiento de rutas para la explotación comercial en la Argentina.
En este sentido, dice la Justicia, los denunciantes (dos diputados de la oposición en la Argentina) consideraron que “comprar a la familia de un presidente una compañía aérea, con perspectiva de crecimiento intenso en el país, representa un beneficio extra a la hora de destrabar autorizaciones, ampliar rutas y desplegar un plan de negocios”, publicó La Voz.
El interés de la fiscalía se acrecentó porque de las 26 rutas solicitadas por Avian (Avianca) para explotar en el país, le fueron aprobadas el 100 por ciento, lo que resultó significativo. Además, si bien cambió el nombre de la aerolínea, el directorio sigue siendo el mismo que tenía cuando era de la familia Macri.
Y hay más dudas con el Gobierno. Es que Fly Bondi (FB Líneas Aéreas), otra de las low cost que participó del reparto de rutas, recibió 69 de las 99 conexiones solicitadas. Fly Bondi es de propiedad de Richard Guzmán y Mario Quintana, este último, actual secretario de Coordinación Interministerial y mano derecha del presidente argentino.
La causa está siendo instruida por el fiscal federal Jorge Di Lello, que solicitó una serie de medidas de prueba. La investigación avanza por los presuntos delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias por supuestas irregularidades vinculadas a la explotación del espacio aéreo.
Aunque los medios internacionales señalan que no ha sido una buena semana para la empresa colombiana Avianca, pues a la demanda por irregularidades en el acuerdo que espera lograr con United Airlines, se agrega ahora este entramado judicial, lo cierto es que al parecer el gobierno argentino quiere que el negocio aéreo quede en la familia.
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PUBLICADO: 02 de marzo de 2017